Dos expertos economistas presentan diez medidas para salir “cuanto antes” de la crisis económica en la que está inmersa España y de paso, suavizar el golpe en la medida de lo posible: desde reducir en un 20% el número de parlamentarios nacionales y autonómicos hasta frenar la ‘contabilidad creativa’, germen de la crisis hipotecaria y de confianza.
Se trata de medidas “de solidaridad y ejemplo y de justicia distributiva”, resumen Pablo Fernández y Vicente J.Bermejo en su estudio ‘Rentabilidad y creación de valor de 121 empresas en 2008’, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital.
Tal y como destacan los economistas del IESE, el grueso de este particular ‘decálogo para acabar con la crisis’ sería el siguiente:
-- Evitar la “contabilidad creativa” ejercida por muchas instituciones financieras en aras de enmascarar y retrasar el problema: ante la avalancha de impagos, prefieren aplazar ‘lo que se les vienen encima’ y refinanciar a sus clientes. “Muchos de esos créditos fueros otorgados con una flagrante falta de rigor”, denuncian.
-- Llevara cabo un ‘ERE parlamentario’ –nacional y autonómico- puesto que “está demostrado que el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos funcionan igual de bien con un 20% menos de parlamentarios”.
-- Reducir en igual porcentaje el número de concejales en los ayuntamientos municipales.
-- Recortar el sueldo de todos los políticos en diez puntos porcentuales.
-- 10% de recortes en las transferencias del Estado a los partidos políticos. Estas medidas de corte ‘solidario y ejemplificante’ servirán para aprovisionarse de ahorros que deberían destinarse a aumentar la dotación para el subsidio del desempleo, apuntan Fernández y Bermejo.
-- Por otra parte, y dentro de lo que estos expertos denominan ‘medidas de justicia distributiva’, sugieren destinar “las subvenciones curiosas” –hacen especial hincapié en aquellas designadas a algunas energías renovables, ciertos programas culturales, etc.- a la reducción de los costes para las familias
-- Devolución de los bonus que las empresas pagaron en años anteriores en concepto de decisiones que ahora suponen un riesgo para su buena marcha. Sería el caso de la concesión de hipotecas de riesgo o baja probabilidad de repago y que tienen un importe superior al valor de la vivienda.
A estas medidas se unen varias recomendaciones, de las cuales varias se encaminan a cambiar ciertas concepciones muy aceptadas en ambientes financieros y empresariales, como que el precio de la vivienda en España sólo puede subir, o en el peor de los casos, mantenerse” o que “decir que no pasa nada mejorará las perspectivas de los agentes económicos”.
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