El sector se siente "descontento", "preocupado", "engañado" y "traicionado"

Madrid, 17 feb (EFE).- El Ministerio de Industria ha convocado reuniones con carácter urgente con representantes de las Comunidades Autónomas con plantas de fabricación de vehículos y la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles para analizar las consecuencias en el sector de la Ley de Economía Sostenible.

Castilla y León cuenta con cuatro grandes fábricas de turismos y vehículos industriales: dos de Renault en Valladolid y otra en Palencia, una de Nissan en Ávila y otra de Iveco en Valladolid.

Según informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en una nota de prensa, las reuniones serán la semana que viene.

La primera de ellas será entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas y después habrá otra entre el departamento que dirige Miguel Sebastián y la junta directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El Ministerio considera necesario analizar con el sector "la situación tras los últimos cambios normativos", en referencia a la enmienda a la Ley de Economía Sostenible, aprobada el martes en el Congreso con el voto en contra del grupo parlamentario socialista, que "introduce cambios en las relaciones entre los diferentes agentes del sector de automoción".

Industria también ha convocado una reunión del grupo de seguimiento de la mesa de Diálogo Social Reforzado para tratar estos aspectos.

El presidente de Anfac, Francisco Javier García Sanz, advirtió hoy de que la enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible sobre la redes de distribución pone en "serio peligro" las inversiones comprometidas por las marcas y las del futuro.

García Sanz señaló que la decisión adoptada en el Pleno del Congreso "ha indignado a la industria del automóvil", y añadió que el sector se siente "descontento", "preocupado", "engañado" y "traicionado". EFE

Los fabricantes de vehículos se oponen a recoger las unidades que no se vendan

Fabricantes y concesionarios de automóviles están en guerra por la Ley de Economía Sostenible. Los primeros se sienten perjudicados, mientras que los segundos están más que satisfechos. La nueva norma contempla que los distribuidores de automóviles puedan devolver los vehículos a los fabricantes al precio al que los adquirieron en el caso de que no sean vendidos durante los dos meses siguientes a su compra por el proveedor.
La Ley de Economía Sostenible fue apoyada por el Grupo Popular (150 votos), CiU (10), PNV (6), Grupo Parlamentario Mixto (6) y ERC (2). En contra votó el PSOE (168) y IU-ICV (3).
Fuentes de las empresas concesionarias de vehículos de Galicia manifestaron su satisfacción por la nueva norma porque termina “con el poder y dominio que las marcas ejercían sobre los concesionarios y que en definitiva constituían contratos de adhesión”.
Estas fuentes reconocen que el apartado de la Ley de Economía Sostenible que se refiere a la venta de vehículos “devuelve el equilibrio entre las partes” y señalan que “los gastos financieros del stock de automóviles estaban arruinando a muchos concesionarios”.
Además, la Ley reconoce a los concesionarios una serie de derechos como, por ejemplo, que la parte no amortizada de las inversiones a las que se vean obligados hacer en sus instalaciones por orden de las marcas, deben ser a abonadas por estas en el caso de retirada de la concesión, así como el derecho de clientela que supone que un empresario esté vinculado a la marca por veinte o más años.

Indemnizaciones

Además, los fabricantes tendrán derecho a ser indemnizados si se les retira la concesión por las inversiones en márketing y promoción de la marca en la zona en la que están ubicados.
Las fuentes de los concesionarios reconocieron que por el momento no habían tenido tiempo de leer con detenimiento la Ley, pero señalaron que en principios “es una buena noticia y una garantía para nuestras empresas”.
Los concesionarios españoles de turismos y vehículos industriales señalan que su sector está compuesto por 3.500 medianas y pequeñas empresas, la gran mayoría de carácter familiar, que emplean directa e indirectamente más de 150.000 trabajadores, mientras que los fabricantes tienen 61.000 empleos directos, de los que un tercio están en regulación de empleo, argumenta la patronal española de concesionarios (Faconauto) en apoyo de la nueva Ley.
Faconauto señala que la enmienda propuesta no afecta en absoluto al mantenimiento de las inversiones de los fabricantes en España, que exportan más del 80% de su producción y cuya localización en España obedece a razones estratégicas de calidad, productividad, costes y logística.

LOS FABICANTES DE COCHES AMENAZAN CON DESINVERTIR EN ESPAÑA

La modificación, aprobada el martes en el Congreso, faculta a los concesionarios para devolver los vehículos que no hayan vendido en un plazo de 60 días

EFE

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, ha advertido de que la aprobación el pasado martes de la enmienda de la Ley de la Economía Sostenible que regula las relaciones entre las marcas y concesionarios de automóviles «pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas» a las factorías españolas y «las posibles futuras».

En una convocatoria a los medios de comunicación en la que no se admitieron preguntas de los periodistas, el presidente de la organización aseguró que la normativa, a la que calificó de «chapuza» e«intromisión política inaceptable», va a generar «una fuerte inseguridad en las relaciones entre los fabricantes y sus redes comerciales en un momento especialmente crítico para la industria del automóvil».

Las consecuencias, dio a entender García Sanz, pueden ser inmediatas: «El contenido de la nueva normativa es tan grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos».

Anfac censuró la postura de del Partido Popular y CiU, que respaldaron la aprobación de la norma en su trámite en el Senado, y los que responsabiliza de las pérdidas de puestos de trabajo que puedan producirse. «Los partidos políticos que apoyaron la enmienda, especialmente el Partido Popular y CiU no son conscientes de las terribles repercusiones que esta medida tiene sobre la industria del automóvil».

La organización de fabricantes indicó que ha solicitado una reunión urgente con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Ante la postura de este último, el presidente de Anfac efectuó una amenaza abiertamente: «Esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión. Y entre ellas, hasta la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona anunciada hace pocas semanas».

Una enmienda polémica

La muy extensa ley de economía sostenible, que regula numerosos ámbitos económicos, también introdujo el martes una modificación que ha puesto en pie de guerra a los fabricantes de vehículos, todos empresas extranjeras radicadas en España. Según informa Efe, la enmienda sobre la regulación del contrato de distribución de vehículos fue aprobada por 174 votos a favor y 171 en contra.

La norma asegura que cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima para disponer de stock, el distribuidor (concesionario) podrá devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez transcurran 60 días desde su adquisición al mismo precio que fueron comprados. «El proveedor estará obligado a recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se compraron», señala el texto de la nueva Ley.

Los puntos clave de la nueva normativa

Fabricantes y concesionarios enfrentados La aprobación de la enmienda 234 a la Ley de la Economía Sostenible afectará a los contratos de distribución entre fabricantes y distribuidores hasta que entre en vigor la Ley de Contratos de Distribución Comercial, que actualmente elabora el Ministerio de Industria. Estas son las modificaciones normativas más controvertidas:

- Los concesionarios que rescindan sus contratos con los fabricantes tendrán derecho a indemnizaciones -a cuenta de las marcas- por inversiones no amortizadas, clientela y plantilla de trabajo. Además, tendrán derecho a que se recompren los vehículos y piezas de los que dispongan en el momento de la cancelación del contrato.

- Los distribuidores podrán devolver a los fabricantes los coches o piezas que no se vendan una vez transcurridos sesenta días desde su compra.