La modificación, aprobada el martes en el Congreso, faculta a los concesionarios para devolver los vehículos que no hayan vendido en un plazo de 60 días
EFE
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, ha advertido de que la aprobación el pasado martes de la enmienda de la Ley de la Economía Sostenible que regula las relaciones entre las marcas y concesionarios de automóviles «pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas» a las factorías españolas y «las posibles futuras».
En una convocatoria a los medios de comunicación en la que no se admitieron preguntas de los periodistas, el presidente de la organización aseguró que la normativa, a la que calificó de «chapuza» e«intromisión política inaceptable», va a generar «una fuerte inseguridad en las relaciones entre los fabricantes y sus redes comerciales en un momento especialmente crítico para la industria del automóvil».
Las consecuencias, dio a entender García Sanz, pueden ser inmediatas: «El contenido de la nueva normativa es tan grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos».
Anfac censuró la postura de del Partido Popular y CiU, que respaldaron la aprobación de la norma en su trámite en el Senado, y los que responsabiliza de las pérdidas de puestos de trabajo que puedan producirse. «Los partidos políticos que apoyaron la enmienda, especialmente el Partido Popular y CiU no son conscientes de las terribles repercusiones que esta medida tiene sobre la industria del automóvil».
La organización de fabricantes indicó que ha solicitado una reunión urgente con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Ante la postura de este último, el presidente de Anfac efectuó una amenaza abiertamente: «Esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión. Y entre ellas, hasta la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona anunciada hace pocas semanas».
Una enmienda polémica
La muy extensa ley de economía sostenible, que regula numerosos ámbitos económicos, también introdujo el martes una modificación que ha puesto en pie de guerra a los fabricantes de vehículos, todos empresas extranjeras radicadas en España. Según informa Efe, la enmienda sobre la regulación del contrato de distribución de vehículos fue aprobada por 174 votos a favor y 171 en contra.
La norma asegura que cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima para disponer de stock, el distribuidor (concesionario) podrá devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez transcurran 60 días desde su adquisición al mismo precio que fueron comprados. «El proveedor estará obligado a recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se compraron», señala el texto de la nueva Ley.
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